Hace pocos días el Presidente Gustavo Petro soltó una frase en su intento de hacer realidad la paz que pretende para Colombia: "El Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida".

Estas palabras de Petro no cayeron bien en la Defensoría del Pueblo, que a través de su líder le hizo un llamado contundente al mandatario colombiano.

"No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable", aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.  

Por otra parte, Camargo señaló que aceptar la propuesta del ELN de dejar a un lado los secuestros por una propuesta de financiación traería repercusiones contrarias a las bases de la Constitución del 91.

"El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarla sería anular el respeto por la dignidad humana", indicó.

El Defensor del Pueblo aseguró que el secuestro se ha convertido en una moneda de negociación y eso explica el aumento del 90% de los casos en todo el país.

"Entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como Defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, Presidente Petro, es que como Gobierno Nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos", apuntó.

Y remató diciendo que es un "despropósito" lo planteando por el ELN y de aceptarlo el Presidente "dejaría un 'legado' para que las demás estructuras  armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.

Con información de la Defensoría del Pueblo